La creación del sandbox regulatorio fintech, a consulta

El Ministerio de economía, con Nadia Calviño a la cabeza, acaba de presentar a audiencia pública el anteproyecto de ley que despliega una serie de medidas dirigidas a crear un sandbox regulatorio español donde las fintech españolas tengan un “espacio controlado de pruebas” en el cual puedan realizar test y validar con el mercado su propuesta sin tener que someterse a las exigentes regulaciones del sector bancario.

 Hasta el día 7 de septiembre estará abierta la consulta pública en la que organizaciones, autoridades y ciudadanos pueden presentar alegaciones.

¿Cómo funciona este espacio?

Las empresas participantes deberán presentar sus candidaturas a través de la Sede Electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional. Esta candidatura deberá ir acompañada de una memoria en la que se detalle el proyecto.

 Una vez dentro, tras su aprobación por parte de las autoridades supervisoras, contarán con un periodo en el que podrán desarrollar su actividad como proyecto piloto, diseñando un protocolo individual para probar sus tecnologías en un marco no regulado.

 Al acabar esta fase, se contará con un mes para elaborar una memoria en la que se recojan los resultados de los test.

 Si es viable el proyecto, podrá solicitarse la autorización para empezar con la actividad ya en el marco regulatorio real, asegurándose de que son proyectos que cumplen con la legislación vigente y el marco regulatorio.

Las claves del anteproyecto

La clave principal del anteproyecto se centra en el apartado de ser un espacio controlado, es decir, un espacio seguro para los participantes, pero también para el sector financiero.

Para poder acceder a este espacio regulatorio especial se deberán cumplir una serie de requisitos, así como presentar la propuesta a través de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, acompañándola de una memoria en la que se detalle el proyecto.

 El control y supervisión vendrá de la mano de varios agentes, como son el Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones, que serán encargados de aprobar las solicitudes de acceso al sandbox, pudiendo cobrar una tasa a las empresas participantes para financiar el mismo.

 Es necesario destacar también que estos proyectos, aunque se encuentren en un marco desregulado, deben garantizar plenamente los objetivos de política pública en tres ámbitos especialmente sensibles: Protección de datos de carácter personal, protección a usuarios de servicios financieros y la prevención del blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, así como garantizar que no incurrirán en riesgo alguno para los participantes, siendo responsables de cualquier perjuicio que se produjera la empresas.

 El segundo aspecto clave es la importancia como instrumento supervisor, que permite conocer los desarrollos y potenciales efectos de la transformación digital en el entorno del sector financiero, permitiendo testear de manera más ágil y rápida propuestas disruptivas para estudiar la viabilidad de implementarlas en el mercado real.

 Por último, un aspecto importante es la implantación mediante un esquema formado por la ley, que regula los derechos y obligaciones del espacio garantizando que es seguro y el protocolo de pruebas que deberán llevarse a cabo, con medidas como, por ejemplo, la necesidad de un consentimiento explícito por parte de los participantes de los tests.

 Se trata de un anteproyecto que refuerza la apuesta por el ecosistema fintech en España.